Geografías de la transición energética

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La transición energética es una condición indispensable para hacer frente a la crisis climática. Sustituir los combustibles fósiles por energías renovables es una prioridad incuestionable desde el punto de vista ambiental y de salud. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que no todas las transiciones verdes son social ni territorialmente justas. En España, el actual despliegue de energías renovables está generando desigualdades territoriales que merecen una atención política urgente.

Territorios que cargan con el peso de la transición  

Investigaciones recientes del proyecto Green Sacrifice in Spain [Sacrificio Verde en España] (GRES) han analizado cómo se distribuyen espacialmente las infraestructuras de energía eólica y solar en el Estado español. Los resultados son claros: la expansión de renovables no es territorialmente neutra. En varios casos, las grandes instalaciones se concentran en provincias del interior y en zonas rurales caracterizadas por la baja densidad de población, el envejecimiento demográfico y una menor fortaleza económica, mientras que las áreas metropolitanas y costeras soportan una presión mucho menor.

El concepto de sacrificio verde ayuda a poner nombre a este problema. Se refiere a situaciones en las que determinados territorios asumen de forma desproporcionada los costes ambientales, sociales, económicos y paisajísticos de la transición energética. Todo ello se justifica en nombre de un bien colectivo superior incuestionable: la descarbonización; pero sin un debate democrático real sobre los modelos alternativos para alcanzarla.

Esta geografía desigual produce una tipología de territorios. Por un lado, existen provincias relativamente estables, con escasa implantación renovable y mayor capacidad económica, como son los casos de Madrid para la energía eólica y Barcelona para la energía solar. Por otro lado, se identifican territorios en «riesgo de sacrificio«, donde el despliegue aún es moderado pero podría intensificarse sin mejoras paralelas en el desarrollo local, como es el caso de Alicante tanto para la energía eólica como para la solar. Finalmente, hay zonas que ya pueden considerarse territorios de sacrificio verde, donde la huella de parques eólicos o fotovoltaicos es muy elevada y combina con situaciones económicas y demográficas más frágiles, como es el caso de Cáceres para la energía solar o Albacete para la eólica.

Este patrón no es casual. Responde a una lógica bien conocida: los territorios más frágiles son también los más disponibles. Expectativas de menor resistencia social, precios de la tierra más bajos y marcos institucionales favorables convierten ciertas zonas en espacios prioritarios para grandes proyectos energéticos.

Un modelo centralizado que reproduce desigualdades  

El sacrificio verde en España está estrechamente vinculado a un modelo centralizado de implantación de renovables. Este modelo se basa en grandes instalaciones promovidas por compañías eléctricas y fondos de inversión, ubicadas lejos de los centros de consumo y conectadas a un sistema eléctrico altamente concentrado.

Lejos de cumplir las promesas de revitalización rural, la evidencia muestra que estos proyectos generan poco empleo estable, aportan rentas limitadas al territorio y no revierten el declive demográfico. En cambio, sí transforman profundamente el paisaje, ocupan suelo agrícola o forestal y, con frecuencia, provocan conflictos sociales que se expresan en movilizaciones, recursos judiciales o cambios en el planeamiento urbanístico.

Al mismo tiempo, existe una gran dificultad tanto para electrificar el conjunto de las actividades industriales a tiempo como para responder de forma real a la urgencia climática, y el despliegue de energías solar y eólica implica elevados volúmenes de minería a escala global para obtener los materiales necesarios. Todo ello indica que el modelo de implantación de energías renovables en el Estado español debe ir acompañado de una reducción del consumo energético, que incluya (pero no se limite) mejoras en la eficiencia, así como de un mayor control democrático y de criterios de utilidad social y equidad, en particular en lo relativo a las decisiones sobre el decrecimiento del consumo en las políticas energéticas.

En este contexto, el malestar generado por el actual modelo de transición energética se expresa a través de una pluralidad de movimientos sociales y políticos en los territorios afectados, que van desde iniciativas cívicas y plataformas nacionales o territorialistas con demandas legítimas de justicia social, democracia y equidad, hasta discursos reaccionarios y de extrema derecha que, en algunos casos, instrumentalizan este descontento. Invisibilizar esta diversidad, como a menudo se hace, supone perder de vista el papel que muchos de estos movimientos desempeñan en la defensa de una transición socioecológica más justa, arraigada en el territorio y atenta a las desigualdades estructurales. Atender de forma efectiva a sus demandas concretas resulta clave para evitar la polarización social y territorial y para reforzar la transición energética como un proyecto colectivo y democrático.

La alternativa: una transición distribuida y democrática  

Frente a este escenario, hay una alternativa clara: avanzar hacia un modelo de generación renovable distribuida. Este enfoque apuesta por acercar la producción energética al consumo, priorizando instalaciones de menor escala en espacios ya transformados, como cubiertas, polígonos industriales y otras infraestructuras, y promoviendo la participación directa de comunidades locales.

La experiencia internacional demuestra que este modelo no solo es técnicamente viable, sino también socialmente más justo. Países como Alemania o Dinamarca han logrado altos niveles de penetración renovable combinando descentralización, participación ciudadana y beneficios económicos locales. En muchos casos, las comunidades no solo cubren su demanda energética, sino que obtienen ingresos por la venta de excedentes, reforzando su autonomía y cohesión social.

Además, la generación distribuida reduce pérdidas en la red, limita el impacto territorial y refuerza la legitimidad social de la transición energética, un factor clave para su sostenibilidad a largo plazo.

Qué políticas hacen falta  

El paso hacia un modelo más equitativo no ocurrirá de forma espontánea. Requiere decisiones políticas claras y concretas: adaptar el marco normativo para favorecer la generación distribuida, reforzar la planificación territorial, invertir en redes eléctricas de media y baja tensión y establecer incentivos fiscales y financieros que prioricen el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

En el fondo, si bien las implicaciones son profundas, la cuestión es sencilla: no se trata solo de cuánta energía renovable producimos, sino de cómo, dónde y para quién la producimos. Una transición que reproduce desigualdades territoriales no es plenamente justa ni políticamente sostenible.

Una transición verde sin territorios sacrificados  

Reconocer la existencia del sacrificio verde no significa cuestionar la urgencia climática, sino mejorar la forma en que la afrontamos. La transición energética puede (y debe) ser una oportunidad para reducir desigualdades, fortalecer territorios y democratizar el sistema energético.

Evitar que algunas zonas se conviertan en los «patios traseros» de la descarbonización es una responsabilidad colectiva. La transición verde será socialmente viable sólo si integra la justicia territorial como uno de sus pilares fundamentales.